En 1994, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el Estado no está obligado a pagar salarios por días no laborados durante una huelga docente. En su fallo, el magistrado ponente Edgardo Molino Mola señaló que los educadores no cuentan con una cobertura legal clara para declarar huelgas y, por tanto, el Estado puede adoptar medidas como la suspensión de salarios sin que ello se considere ilegal.
Han pasado más de 30 años y el fallo sigue teniendo plena vigencia. Hoy, tras 74 días sin clases, algunos sectores insisten en que los docentes deben ser remunerados, pese a no haber trabajado. Esta exigencia, además de carecer de sustento legal, busca imponer una presión política con alto costo para el país, tomando la educación de los jóvenes como rehén.
Si el Gobierno cede, perpetuará la mala práctica de administraciones anteriores que, para evitar conflictos, accedieron al chantaje gremial. Y si la Asamblea lo respalda, convertirá el chantaje en política de Estado.
El que no trabaja, no cobra. Ceder ahora es institucionalizar la impunidad.
