El asilo es una figura diseñada para proteger a personas perseguidas por razones políticas o humanitarias, no una vía de escape para evitar rendir cuentas ante la justicia. En Panamá, el caso de Ricardo Martinelli mostró cómo se puede distorsionar ese recurso para evadir procesos judiciales legítimos. Hoy, con la solicitud de asilo de Saúl Méndez en la embajada de Bolivia, vuelve a abrirse ese debate.
Desde su fundación en 1972, el Suntracs ha enfrentado represión, cárcel y hasta muertes de obreros sin que sus dirigentes recurrieran al asilo político. Ni siquiera durante la violenta confrontación de 1995, bajo el gobierno de Pérez Balladares, cuando hubo muertos y centenares de detenidos.
Lo ocurrido ahora con Méndez marca un hecho sin precedentes en la historia del sindicato. La Fiscalía ha girado órdenes de aprehensión por presunta estafa agravada. Si las acusaciones son infundadas, el mejor camino es enfrentarse a la justicia y demostrarlo. Ninguna causa social se sostiene si sus voceros rehúyen al mismo sistema que dicen querer transformar.
