Un clan de empresarios –con el que el Gobierno niega tener vínculos contractuales de ningún tipo– fue sancionado en diciembre pasado, cuando la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en una de sus listas. Sin embargo, pese a lo que dice el Gobierno, sí hay, al menos, un contrato estatal con una de las empresas controladas por esta familia, sin contar que también utilizan la Zona Libre de Colón, por medio de interpuestas personas jurídicas, para importar y exportar. Se trata de la estatal Etesa, que ha mudado sus operaciones administrativas a un edificio controlado por los integrantes del grupo empresarial sancionado por la OFAC. Y no es la primera vez que un gobierno hace tratos con empresas e individuos sancionados o envueltos en escándalos. Por eso, es urgente que se establezcan protocolos de divulgación sobre los beneficiarios finales de las empresas que se vinculen con el Estado. En este caso, ¿debemos asumir que Etesa ha calculado los potenciales daños y ha concluido que es inmune a ellos? Esperamos que sí, pero si no, ¿acaso también debemos esperar que haya sanciones para los involucrados? Es hora de poner un alto a tanta impunidad.
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