La inclusión de Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton no cayó del cielo. Investigaciones de La Prensa ya habían dado a conocer, antes de la sanción, las actividades y vínculos del empresario con el régimen venezolano. Que el gobierno intente ahora marcar distancia puede ser políticamente comprensible, pero no borra los hechos ni disipa las dudas.
Existen familiares de Carretero Napolitano cercanos al presidente José Raúl Mulino que, al menos en apariencia, generan inquietud legítima en la ciudadanía. No se trata de prejuzgar ni de asumir culpas por asociación, sino de entender que la confianza pública se sostiene con claridad y respuestas oportunas. Las sanciones de Estados Unidos son decisiones soberanas de ese país, pero sus efectos políticos y reputacionales trascienden fronteras.
Panamá, que aspira a fortalecer su credibilidad internacional, no puede limitarse a “observar”. La transparencia prometida por el presidente Mulino exige explicaciones completas, verificables y públicas. El silencio o las evasivas solo alimentan sospechas que debilitan la institucionalidad y erosionan la confianza ciudadana.
