El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ha decidido liderar el cambio para derogar la Ley 353 de 2023, aprobada por el PRD en los últimos meses de su gestión, que amplió de forma indebida la estabilidad laboral en la Asamblea y terminó blindando una planilla cada vez más insostenible.
De los $98 millones del presupuesto legislativo, cerca de $75 millones se destinan a salarios. Vaya uno a saber qué funciones reales se esconden detrás de esas cifras y cuántos de esos nombramientos responden a compromisos políticos más que a méritos profesionales.
Esa ley y la práctica clientelista en el Palacio Justo Arosemena distan mucho del espíritu original de la Ley 12 de 1998, que crea la carrera legislativa para “garantizar los principios de libertad política, igualdad, mérito, honestidad y capacidad”.
Derogar la norma es un primer paso necesario. El siguiente debe ser uniformar los criterios del servicio público, estableciendo reglas comunes para todo el Estado y asegurando que la función pública responda al mérito, no a la militancia.
Ese sería un buen paso de la Asamblea para comenzar a recuperar credibilidad.