La imputación de siete personas por presuntos delitos ambientales vinculados a un proyecto inmobiliario en Punta Chame vuelve a poner bajo la lupa la debilidad de la fiscalización ambiental en el país. La decisión de la jueza de garantías Ruth Aizpú se basa en una investigación impulsada por la fiscal Fátima Sánchez, pero el caso deja una pregunta más profunda: ¿cómo pudo avanzar un proyecto que presuntamente extraía arena y afectaba manglares sin una intervención oportuna del Estado?
Las irregularidades investigadas no surgieron de la noche a la mañana. Según los antecedentes, las denuncias sobre daños ambientales venían circulando desde hace meses, lo que sugiere una falta de vigilancia efectiva durante al menos dos administraciones. Cuando la supervisión falla, los ecosistemas quedan a merced de intereses particulares.
También es innegable la responsabilidad del promotor. Ningún desarrollo responsable puede justificarse sobre la destrucción de manglares o la alteración de ecosistemas costeros.
Cuidar el país exige más que discursos. Exige autoridades que fiscalicen y que no miren hacia otro lado cuando se destruye el patrimonio natural. Cuando el Estado se hace de la vista gorda, lo que se pierde no es solo un manglar, es la credibilidad de las instituciones y el futuro ambiental del país.
