Las transferencias discrecionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a municipios como Tolé, Bugaba, Aguadulce, Pinogana y San Carlos entre noviembre de 2024 y 2025 han generado dudas sobre la transparencia y el uso de fondos públicos, particularmente por sus vinculaciones con el actual oficialismo. Tolé, por ejemplo, recibió $966,215 en varias transferencias, y Bugaba al menos $600,000. Sin embargo, no se ha justificado adecuadamente el destino de estos recursos. Aunque algunos alcaldes defienden estas transferencias como una ayuda para la gestión local, la falta de control y la ausencia de un marco regulatorio adecuado levantan serias sospechas de clientelismo político. El país no es ajeno a estas prácticas. El 73% de los alcaldes y ediles que actualmente son investigados por presunto peculado forman parte del partido de gobierno de la pasada administración. Es urgente que Panamá establezca mecanismos de control, auditorías y rendición de cuentas para evitar que los fondos públicos sigan siendo utilizados con fines políticos y clientelistas. La transparencia es esencial para el desarrollo del país