Hace una semana advertíamos que el aumento de los recursos destinados a la descentralización debía venir acompañado de mayores controles. Hoy existe una razón adicional para insistir. La Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional la norma que permite a la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) recibir un porcentaje de los fondos destinados a los gobiernos locales. El fallo resuelve la controversia constitucional, pero no una cuestión clave: la rendición de cuentas.
Entre 2021 y septiembre de 2025, la Amupa recibió unos $7.8 millones, mientras que, según la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales ni anuales sobre esos recursos. Esto ocurre cuando el presupuesto de la descentralización crecerá significativamente en 2027 y todavía están frescas las investigaciones por el manejo irregular de fondos en años anteriores.
Al final, se trata de recursos públicos, que exigen controles, transparencia y cuentas claras.
