El presidente insiste en que cada jueves habla “como ciudadano”, pero una transmisión en directo, en cadena nacional, nunca es la voz de un particular. Es la palabra del jefe del Estado. El cargo no se cuelga ni se descuelga según convenga. Cuando habla, orienta, influye y define prioridades; por eso la ciudadanía tiene derecho a exigir precisión y responsabilidad.
También importa recordar algo fundamental: cuando el presidente o el contralor afirman conocer rutas de dinero ilícito, movimientos irregulares o caletas financieras, no están haciendo observaciones casuales. Están relatando posibles hechos delictivos. Y quien conoce un delito tiene la obligación de acudir al Ministerio Público, donde sus denuncias deberían ser atendidas con diligencia.
La preocupación por el sistema financiero es legítima y seria. Pero cargar todo el foco allí—como si los riesgos no atravesaran también puertos, aeropuertos, aduanas y otras estructuras bajo responsabilidad estatal—puede distorsionar el panorama. La lucha contra el dinero criminal exige mirar todos los frentes con la misma firmeza.