La Asamblea Nacional, a través de su presidente Jorge Herrera, tiene un papel clave en garantizar que los límites institucionales se respeten y, con ello, se salvaguarde el Estado de Derecho. La situación de los 43 funcionarios de los despachos de ocho diputados de Vamos, cuyos salarios fueron retenidos por la Contraloría, evidencia un desafío en el respeto a la institucionalidad. Hasta ahora, Herrera ha sostenido que no hay actuación administrativa que sustente la medida, pero tampoco ha mediado activamente para resolver el conflicto. La bancada Vamos, que lo apoyó para la presidencia de la Asamblea, recuerda que la figura laboral de estos funcionarios tiene respaldo legal desde 2019 y exige su restitución inmediata. Frente a un organismo de control cuyo titular fue nombrado por el Legislativo, es responsabilidad de Herrera asumir un papel proactivo, garantizar que la Contraloría actúe dentro del marco legal y coordinar con las partes involucradas. Sin esta intervención, se corre el riesgo de normalizar la arbitrariedad y debilitar la autoridad de la Asamblea.
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