Hoy por hoy: hostigar no es debatir

La discusión sobre el futuro de la mina ha dejado una lección que trasciende la propia actividad minera. En una decisión de semejante importancia nacional, los ciudadanos tienen derecho a saber quién financia campañas publicitarias, plataformas digitales y esfuerzos destinados a influir en la opinión pública. Ese principio debe aplicarse por igual a quienes apoyan la reapertura, a quienes la rechazan y a cualquier otro actor con intereses en juego. Pero existe una preocupación adicional. Cada vez son más frecuentes el acoso, el hostigamiento y la descalificación contra personas que expresan una posición o informan sobre temas que incomodan. Cuando el debate se traslada de las ideas a los ataques personales, las instituciones se debilitan y la democracia pierde calidad. La preocupación es aún mayor porque la mina puede ser apenas un anticipo. Si estas prácticas se normalizan, Panamá podría enfrentar una próxima campaña electoral marcada por agresiones digitales, desinformación y esfuerzos opacos de influencia. Hoy el tema es la minería; mañana podría ser cualquier empresa, proyecto o candidatura. Por eso, la transparencia no puede ser una exigencia selectiva. Debe ser una condición básica para la convivencia democrática.