El presidente José Raúl Mulino cumplió lo que había anticipado: designar dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin considerar la opinión del Pacto de Estado de Justicia.
La potestad constitucional la ejerció el Consejo de Gabinete, y ahora la Comisión de Credenciales, presidida por su aliada Dana Castañeda, deberá revisar los perfiles.
Pero más allá de los currículos de Gisela del Carmen Agurto Ayala, designada para reemplazar a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera, y de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, nombrado en sustitución de Ángela Russo en la Sala Primera, lo que está en juego es mucho más que dos nombres.
La ciudadanía exige una justicia que ponga fin a la impunidad, que no repita los errores de un pleno que hace apenas unas semanas sobrepuso intereses particulares sobre el bien común al intentar aprobar jubilaciones especiales.
La coincidencia es reveladora: el anuncio de las designaciones se dio el mismo día en que se conocía la noticia de que se derrumbaron dos procesos emblemáticos —la Ciudad Deportiva de David y el caso de los diablos rojos—, donde figuraban actores del actual gobierno.
Sin independencia ni valentía en los tribunales, la justicia se reduce a un formalismo vacío. Y un país donde la justicia no hace justicia se condena a la impunidad.