La Asamblea Nacional no solo legisla. La Constitución también le impone la función de controlar al Ejecutivo mediante citaciones e informes. No es opcional. Es una obligación.
Los dos intentos frustrados de citar a la ministra de Desarrollo Social por el caso del CAI de Tocumen revelan una renuncia preocupante a ese deber. Conviene recordar que la Senniaf depende administrativamente del Mides. La ministra es la superior jerárquica de la entidad cuestionada. Impedir su comparecencia no fortalece a la institución: la debilita.
En el caso de menores de edad, la omisión es doblemente grave. Es inadmisible e injustificable. Son vulnerables por su condición de niños y adolescentes, y precisamente por ello el Estado está obligado a brindarles protección reforzada. No se trata de un trámite político más, sino de garantizar derechos fundamentales.
El control político es tan importante como la creación de leyes. Cuando por cualquier razón se bloquea una citación, especialmente en momentos en que el país exige explicaciones claras, se favorece la impunidad. Y en asuntos que involucran a menores bajo custodia estatal, la indiferencia institucional resulta aún más alarmante.
