La decisión de la juez de garantías Xenia Pérez de excluir a los periodistas de la audiencia de Enrique Lau Cortés, a petición del propio imputado, merece rechazo y una explicación pública. El interés del investigado en restringir la cobertura no puede ser razón suficiente para cerrar al escrutinio ciudadano un proceso de semejante relevancia. Se investiga a quien dirigió durante cinco años la Caja de Seguro Social, una institución esencial para la salud y las pensiones de los panameños, con una planilla y un presupuesto millonarios. La presunción de inocencia debe respetarse, pero informar sobre una audiencia es una garantía fundamental. La publicidad permite conocer tanto las acusaciones como los argumentos de la defensa y las razones de la juez. También protege al imputado frente a versiones incompletas. Los asegurados y cotizantes de la CSS tienen derecho a conocer cómo se investigan las actuaciones de quienes estuvieron al frente de sus recursos y servicios. La confianza en la justicia exige decisiones fundamentadas y escrutadas, especialmente cuando está en juego la rendición de cuentas de quienes administraron recursos públicos.