Las declaraciones del Presidente de la República no dejan lugar a dudas: lo que los gobiernos anteriores han hecho con la Caja de Seguro Social es criminal. El estado actual de la institución es una afrenta a los derechos de todos los panameños, una situación que no puede permitirse más. No hay tiempo para dilatar; la sostenibilidad de las pensiones y la unificación del sistema de compras, junto con la transparencia en la gestión, son necesidades ineludibles.
El Presidente ha sido claro y directo: es responsabilidad de todos los ciudadanos —el pueblo, los medios de comunicación, las organizaciones empresariales y sociales— preservar y salvar esta institución vital. El colapso de la Caja no es un problema abstracto; es el sufrimiento de miles de panameños que cada día enfrentan un sistema inhumano, ineficiente y corrupto. Los recursos del pueblo no pueden seguir siendo malversados.
Es hora de actuar, de sincerar las cifras y de encontrar soluciones basadas en la verdad. El compromiso de todos es crucial: garantizar un sistema de salud viable y digno para todos los panameños. No hay más espacio para excusas. El tiempo de la política de lo inmediato ha terminado.