El 13 de octubre, el penal Nueva Esperanza avisó al hospital que trasladaría a Gabriel Alveo. Lo llevó dos días después. Según su familia, ingresó con desnutrición severa y sangrado intestinal. Murió ese mismo día. Cuando su hermana preguntó por la demora, le dijeron que no había vehículo policial ni custodios disponibles. ¿Quién decidió que podía esperar?

El director del Sistema Penitenciario, con apenas cuatro meses en el cargo, renunció el mismo día en que 25 organizaciones denunciaron al menos diez muertes que vinculan con la falta de comida y atención médica. Su relevo o la propia cabeza del Ministerio de Gobierno debe informar qué medidas se tomarán para atender a los enfermos y evitar nuevas demoras.

La Defensoría del Pueblo debe inspeccionar los penales y esclarecer qué ocurrió con Alveo. El Ministerio de Gobierno debe comprobar qué se sirve en cada plato y publicar los resultados. En 2010, al examinar la falta de agua potable en La Joyita, la Corte Interamericana recordó que el encierro impide satisfacer por cuenta propia necesidades básicas. Quienes esperan juicio y quienes cumplen condena están bajo custodia del Estado. Alimentarlos y garantizarles atención médica es responsabilidad suya.