Desde el 23 de abril, gremios docentes mantienen en paro indefinido la educación pública, no como un reclamo puntual, sino como parte de una agenda política que no logró respaldo en las urnas y que insiste en imponer una visión insostenible del sistema de jubilaciones.
Rechazan la Ley 462, aprobada por los canales institucionales, pero no proponen soluciones viables para una crisis que afecta a todos los trabajadores. En cambio, exigen el pago de salarios sin trabajar, se oponen a cualquier reemplazo y presionan a directores de escuelas mientras los estudiantes pierden clases sin remedio.
El dirigente Luis Sánchez afirma que “ni las balas ni el silencio detendrán esta lucha”. Pero lo que sí están deteniendo es el año escolar, afectando sobre todo a quienes menos tienen.
La educación no puede seguir siendo utilizada como herramienta de chantaje. Defender derechos no es sinónimo de paralizar el país. La responsabilidad gremial también implica velar por el futuro de los estudiantes.
