La fuga registrada en La Joyita es gravísima. Tan preocupante como la evasión de 195 reclusos ha sido el manejo de la información por parte de las autoridades. No se trató de menores escapando, sino de privados de libertad en un penal donde operan integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad, muchos con antecedentes de delitos graves y vinculación a bandas violentas.
Durante más de 24 horas, los ciudadanos ignoraban cuántos reclusos habían escapado, quiénes eran y cuántos seguían prófugos. La fuga era real; los operativos —con agentes del Senan y del Senafront involucrados— estaban en marcha, y muchos vecinos tuvieron que cerrar sus puertas mientras los rumores se multiplicaban, pero la información oficial brillaba por su ausencia. No existe claridad sobre el perfil de los 69 prófugos, información indispensable para conocer el riesgo real y prevenir nuevas amenazas a la comunidad.
La gravedad del hecho quedó reflejada en escenas insólitas, como la captura de uno de los evadidos en un restaurante. Una fuga de esta magnitud resulta injustificable y refuerza la percepción de que la seguridad pública está a la deriva. El país merece una explicación completa.
Además de recapturar a los fugitivos, corresponde identificar y sancionar a los responsables de esta falla de seguridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, por qué y quién responderá por ello, y exigir medidas que eviten que se repitan incidentes de semejante magnitud.
