El inicio del juicio Odebrecht esta semana coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.
Durante años, la dilación procesal erosionó la confianza ciudadana y proyectó hacia afuera la imagen de un país incapaz de cerrar sus grandes casos de corrupción. Hoy, esa percepción debe empezar a revertirse. La seguridad jurídica que requieren las inversiones —en especial las extranjeras— no se sustenta únicamente en estabilidad macroeconómica o reglas claras, sino en la certeza de que los delitos se sancionan y que el poder no garantiza impunidad.
Un Estado que no castiga la corrupción de alto nivel debilita su credibilidad institucional y encarece su futuro. El juicio Odebrecht es, por tanto, una oportunidad decisiva: o se consolida el principio de responsabilidad, o se confirma que en Panamá la justicia sigue siendo selectiva. La democracia, la economía y la confianza internacional dependen de que esta vez el sistema responda.
