La huelga es un derecho humano, sí. Pero usarla como arma política, afectando a los únicos inocentes en esta historia —los estudiantes— es inaceptable. Ya basta de convertir a nuestros niños y jóvenes en rehenes de luchas que nada tienen que ver con su aprendizaje.
En los últimos años, los estudiantes han perdido casi 500 días de clase. Esa cifra habla por sí sola. ¿Quién les devolverá ese tiempo? ¿Quién les repondrá las oportunidades que perdieron por no recibir a tiempo las herramientas para desarrollarse?
Los maestros y profesores son clave en el proceso educativo, pero muchos han perdido el rumbo. Defender los derechos laborales no puede hacerse a costa del derecho superior a la educación.
La ministra de Educación ha sido firme: quien no trabaja, no cobra. Y tiene razón. Así funciona para todos los que trabajamos en el sector privado.
Es hora de repensar el rol de los gremios docentes. La huelga dejó de ser un instrumento de dignidad para convertirse en castigo colectivo.
