La propuesta del Tribunal Electoral para reforzar la trazabilidad del financiamiento privado de las campañas constituye un avance, pero el problema no termina en conocer de dónde viene el dinero. Limitar el efectivo y fiscalizar los aportes puede cerrar espacios a recursos ilícitos; sin embargo, el dinero legal también puede generar dependencias, conflictos de interés e influencia desproporcionada sobre quienes resulten electos. Toda donación debe ser pública: quién aporta, cuánto y de dónde proceden los fondos. Esa debe ser la regla. También importa determinar si grandes aportantes aparecen después favorecidos mediante contratos, concesiones o decisiones públicas. La transparencia debe permitir seguir el dinero y su influencia. Las nuevas reglas requerirán una actuación eficaz de las instituciones electorales. El Tribunal Electoral debe fiscalizar y la Fiscalía Electoral perseguir conductas que puedan constituir delitos. Las mejores normas sirven de poco sin capacidad para hacerlas cumplir. Transparentar las campañas es indispensable; vigilar qué ocurre después con sus financistas también debe serlo.
- Secciones
- Portada
- Locales
- Sociedad
- Judiciales
- Política
- Mundo
- Deportes
- Ellas
- BBC News
- Status K
- Vivir+
- Unidad Investigativa
- Opinión
- Blogs
- Fotografía
- Videos
- Fe de Erratas
- Tecnología
- Historias