La ausencia de fiscalización por parte de las instituciones y el abuso de ciudadanos inescrupulosos han llevado la crisis del río Pacora a niveles alarmantes. Plantas de tratamiento sin permiso, porquerizas mal manejadas, acumulación de sedimentos y basura en la cuenca son síntomas de un Estado que ha dejado de vigilar y de quienes se aprovechan de esa omisión.
El mal ejemplo se replica. Lo que ocurre en Pacora no es distinto a lo que pasa en Azuero, donde la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná ha dejado sin agua potable a miles de personas. ¿Cuántos otros ríos estarán siendo contaminados bajo el mismo patrón de impunidad?
El Ministerio de Ambiente ha iniciado procesos, pero eso no basta. Es imperativo que las instituciones retomen con firmeza su rol fiscalizador, con operativos constantes y sanciones ejemplares. Y tan importante como vigilar, es educar: los ciudadanos deben conocer y respetar las normas para cuidar el medio ambiente. Proteger el agua es una responsabilidad compartida. Cada día de inacción empuja a más comunidades hacia una crisis evitable.