El juicio que inicia hoy por el caso de la “máquina pinchadora” no solo reabre un expediente judicial; también vuelve a poner en evidencia una deuda pendiente con la verdad. Han pasado más de 12 años desde que se denunció el uso ilegal de equipos estatales para interceptar comunicaciones de opositores, dirigentes sociales y ciudadanos en general. El tiempo, lejos de cerrar heridas, ha operado como un aliado de la impunidad que rodea estos hechos. Lejos de aclarar lo ocurrido, ha erosionado pruebas, diluido responsabilidades y debilitado la confianza en la justicia. No hay mayor controversia sobre la existencia de las escuchas ni sobre la participación de quienes operaban el sistema. Lo que falta —y probablemente seguirá faltando— es una reconstrucción completa de cómo y por orden de quién se ejecutó esta práctica. La expectativa de que los acusados aporten detalles es baja, sobre todo por las conexiones políticas que rodean su defensa. Esa ausencia de verdad no es neutra. Refuerza la sospecha de que no se trató de hechos aislados, sino de un engranaje estatal. Cuando el poder se utiliza para vigilar al ciudadano, el daño trasciende lo judicial: erosiona la democracia.
Hoy por hoy: La impunidad de los verdaderos espías
20 abr 2026 - 05:00 AM