La Constitución es clara: la función de un diputado es legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. No le toca ejecutar obras públicas ni gestionar proyectos. Esa responsabilidad es del Ejecutivo. Sin embargo, la Asamblea Nacional decidió hacer lo contrario.
La reforma al Reglamento Interno era una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y combatir el nepotismo. En lugar de ello, la mayoría optó por ampliar un rol que no le corresponde. La razón es simple: quien fiscaliza no ejecuta aquello que debe controlar.
Si un diputado gestiona carreteras, escuelas o sistemas de agua, termina fiscalizando proyectos cuya ejecución impulsó. Esa confusión de funciones debilita los controles y alimenta el clientelismo. Y si la verdadera vocación de algunos era inaugurar puentes, posar junto a una retroexcavadora y cortar cintas, quizá debieron pensarlo antes de escoger. Para eso existen otros cargos públicos. Los diputados tienen otro trabajo. Y bastante les falta por hacerlo bien.
