El caso del Municipio de Chagres vuelve a poner en el centro de la opinión pública un problema estructural del manejo de los fondos públicos: la opacidad. Que el alcalde Eugenio Delgado tenga investigaciones en curso no lo hace culpable ni le impide, por sí solo, que el municipio que gobierna reciba recursos del Estado. La presunción de inocencia no se discute. Lo que sí resulta cuestionable es que, pese al historial reciente y al contexto judicial, no exista información clara sobre la rendición de cuentas de $300,000 transferidos por el MEF en noviembre de 2024. La transparencia no se agota en cumplir trámites legales; exige explicar por qué unos municipios reciben fondos y otros no, bajo qué criterios técnicos se toman esas decisiones y cómo se fiscaliza su uso. Aún no se ha publicado el detalle completo de las transferencias municipales, pese a solicitudes reiteradas. Esa falta de información alimenta sospechas legítimas y debilita la confianza ciudadana. Sin reglas claras y datos públicos, cada desembolso se convierte en un acto político antes que administrativo, y el manejo del dinero público corre el riesgo de seguir siendo sinónimo de discrecionalidad.
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