Los números son contundentes: el bufete de Odila Castillo generó $742,000 en 2021 y escaló hasta casi alcanzar los $11 millones en 2023, cifras difíciles de justificar sin su acceso privilegiado a la Contraloría General, donde trabajó como funcionaria. Desde ese puesto, lideraba una firma que ofrecía gestionar refrendos de contratos públicos, cobrando porcentajes de esos montos.
El proceso de refrendo en la Contraloría y el cobro de deudas al Estado son una pesadilla que alejan a los proveedores honestos de participar en licitaciones públicas. Estas prácticas, donde intermediarios prometen agilizar trámites o ajustes contractuales, son terreno fértil para la corrupción y benefician a quienes tienen conexiones dentro de las instituciones. Esto erosiona la competencia leal y refuerza el abuso de poder.
Para agravar la situación, Castillo ha intentado desacreditar a los medios que exponen estas irregularidades. Estos ataques no buscan aclarar la verdad, sino silenciar a quienes exigen transparencia.
Es urgente reformar los procesos públicos para cerrar los espacios a la corrupción, aumentar la transparencia y castigar duramente a quienes abusan de su posición para beneficio propio.