Recoger la basura no es un acto de buena voluntad ni un ejercicio retórico. Tampoco se resuelve con comunicados bien redactados o promesas coyunturales. Es un problema estructural que no admite simplificaciones ni soluciones improvisadas, y mucho menos el uso político de una crisis que afecta directamente la salud y la dignidad de miles de personas en San Miguelito.
Reducir el debate a un contratista o a una coyuntura contractual resulta insuficiente. En el distrito confluyen responsabilidades múltiples: una gestión municipal históricamente débil, una cultura deficiente en el manejo de desechos, limitaciones reales de vialidad y seguridad, rezagos persistentes en la cultura de pago y un Estado que, una y otra vez, reacciona tarde. Pensar que empresas harán inversiones significativas para prestar un servicio temporal mientras se define una concesión definitiva evidencia la ausencia de un diagnóstico serio y de políticas realistas.
A ello se suma un vacío institucional que agrava la crisis. La Contraloría General no ha ofrecido explicaciones claras sobre por qué no ha refrendado contratos temporales para un servicio esencial. La opacidad alimenta incertidumbre y paraliza decisiones urgentes.
Que el Ejecutivo asuma ahora el control del servicio tampoco garantiza soluciones duraderas. La experiencia con la Autoridad de Aseo demuestra que trasladar responsabilidades no corrige fallas estructurales ni sustituye la planificación de largo plazo.
La basura no se maneja con protagonismo político, sino con coordinación, reglas claras y decisiones sostenibles. Que, en medio de todo esto, las autoridades se enfrasquen en disputas mientras el problema persiste es, además de irresponsable, una de las expresiones más patéticas de la gestión pública.
