A lo largo de dos décadas, la Ley de Contrataciones Públicas ha experimentado múltiples reformas, pero ninguna ha logrado erradicar las prácticas opacas que siguen obstaculizando el desarrollo del país. El reto no es solo hacer ajustes superficiales, sino implementar cambios estructurales que garanticen procesos más transparentes, ágiles y eficientes.
Es imperativo que las reformas no respondan a intereses particulares, sino al interés común: atraer inversiones, acelerar los trámites y generar un entorno de confianza para los ciudadanos y empresarios. La burocracia y la falta de transparencia continúan siendo barreras para el crecimiento económico, por lo que se deben adoptar medidas claras para simplificar los procedimientos sin comprometer la calidad ni la competencia. Que el valor de las inversiones sea producto de la competencia real en favor del país. Solo así se logrará que la ley sea una herramienta real de desarrollo y no una carga para el país.
