La presidencia de la Comisión de Gobierno, en manos del diputado Luis Eduardo Camacho, se ha convertido en un muro de contención frente a las propuestas anticorrupción. El contraste es evidente: mientras la “amnistía exprés” a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela recibió su respaldo mediante un informe de minoría, iniciativas clave —como la ley antibotellas, la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la protección de denunciantes— duermen en los cajones de su comisión.
El procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy ha advertido la urgencia de debatir los proyectos 291 y 292, que buscan adecuar el marco penal panameño a estándares internacionales. La respuesta de Camacho fue sarcasmo y una confesión inquietante: “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.
Con sus acciones, el diputado Camacho demuestra que no comparte ni representa los valores democráticos, sino que solo sigue su propia agenda, ajena al interés ciudadano. La lucha contra la corrupción no admite caprichos personales: es un mandato ciudadano y una obligación del Estado.
