A riesgo de que nos tilden de monotemáticos, no podemos obviar los graves hechos a los que es vinculada la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Los resultados de las primeras investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre el patrimonio de la rectora de la Unachi y de sus familiares más cercanos son un escándalo. Se trata de fincas, apartamentos, residencias que deben ser investigadas a fondo, ya que en algunos casos son de reciente adquisición. Solo en una fundación en la que aparece la rectora y sus hijos, hay registros de adquisiciones de inmuebles que carecen de rastros de hipotecas, lo que hace suponer que se trata de compras al contado.
Y para nadie es un secreto el escándalo continuo que ha significado la elección de la actual rectora, cuya gestión en la Unachi ha desencadenado fuertes y repetidas críticas por los altos salarios que allí se pagan –y probablemente inmerecidos–; por los doctorados de universidades extranjeras sin reconocimiento alguno que exhiben sus profesores; por el rampante nepotismo entre docentes y administrativos o la presencia de la política partidista que hay en ese centro de estudios, etc.
Todo ello ha contribuido al desgaste de la imagen de la universidad, con consecuencias negativas para sus estudiantes. Por ello es imperativo que la Procuraduría llegue al fondo del caso, caiga quien caiga.