La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recita, artículo por artículo, las facultades legales que le permiten transferir fondos directamente a los municipios. Pero la legalidad no reemplaza la transparencia. Y mucho menos cuando el país aún recuerda la “descentralización paralela” que minó la confianza en el uso del dinero público.
El MEF explicó el marco jurídico. Pero las preguntas esenciales siguen sin respuesta: ¿por qué estos municipios y no otros? ¿Qué criterios técnicos justificaron montos idénticos? ¿Qué diagnóstico de necesidades se usó? ¿Qué urgencia operativa motivó cada giro? ¿Por qué se actuó sin involucrar a actores institucionales que vigilan la descentralización? ¿Qué controles evitaron la discrecionalidad política?
El riesgo no es solo financiero: es institucional. Sin reglas claras, cualquier gobierno puede utilizar estas facultades para premiar aliados o castigar opositores. La transparencia no se presume; se demuestra. Y aquí, lo central no es si el MEF “puede”, sino cómo explica lo que hizo y por qué lo hizo.
