Endurecer las penas contra quienes cobran sin trabajar envía una señal necesaria en un país donde el clientelismo ha erosionado la confianza pública. Sin embargo, el primer debate del proyecto denominado “anti botellas” dejó una omisión difícil de justificar: se eliminó la responsabilidad de quienes crean, permiten y se benefician de estas prácticas.
Castigar al funcionario que acepta un pago por un trabajo que no realizó es apenas una parte del problema. El fenómeno no nace en el eslabón más débil, sino en las decisiones políticas que inflan planillas, reparten favores y consolidan lealtades. Quien nombra sabe perfectamente que está creando una “botella”.
No es la primera vez que una iniciativa destinada a combatir la corrupción se queda a mitad de camino. Como hemos advertido en más de una ocasión, todo proyecto en esta dirección termina chocando con la misma piedra: el presidente de la Comisión de Gobierno.
Así las cosas, la decisión impulsada por el diputado oficialista de retirar las sanciones para quienes hacen estos nombramientos abona —una vez más— a la impunidad. Sin sanciones para quienes nombran, financian y capitalizan políticamente estas prácticas, la ley corre el riesgo de quedarse corta. La Asamblea aún puede corregir el rumbo.
