El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos fue aprobado por Panamá el 11 de julio de 2007 y por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011. Entró en vigor el 31 de octubre de 2012. Desde entonces sabíamos que en 2026 caerán los aranceles para productos sensibles como lácteos, arroz, carne de cerdo, pollo y otros rubros agropecuarios. El “lobo” del libre comercio no llegó de sorpresa: venía anunciado, con fecha marcada. ¿Qué hicimos como país para prepararnos? Poco. Muy poco.
El sector lácteo representa apenas el 0.6% del PIB, pero sostiene más del 40% del sector pecuario y emplea directamente a unas 15 mil personas en todo el país. No es un negocio millonario, pero sí uno que permea las economías rurales y mantiene viva la actividad productiva en el interior.
En lugar de prepararnos para competir o diversificarnos, nos dormimos en los laureles del proteccionismo. Ahora enfrentamos un mercado abierto, donde productos altamente subsidiados ingresarán sin arancel, desplazando a nuestros productores.
Y esto, sin contar con la injusticia de las nuevas reglas de Trump, que ya imponen un arancel del 10% a nuestras exportaciones, mientras los productos estadounidenses ingresarán a Panamá libres de arancel. Todo esto ocurre a pesar de un TPC que debería asegurar condiciones de equidad y reciprocidad entre Panamá y Estados Unidos.
Es momento de actuar. El sector agropecuario ha sido abandonado por todos los gobiernos. Lamentarnos por lo ocurrido no va a ayudar. Se necesita una estrategia clara: internamente, para volvernos competitivos; y externamente, para renegociar un trato justo con nuestro principal socio comercial.