La propuesta legislativa de sancionar la creación y difusión de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial para afectar la honra, dignidad y reputación responde a un problema real.
Los llamados deepfakes pueden utilizarse para destruir indiscriminadamente, manipular procesos electorales, extorsionar ciudadanos o sembrar desinformación masiva. Una legislación bien diseñada podría ofrecer herramientas para proteger a las víctimas y establecer responsabilidades claras frente a estas nuevas formas de engaño digital. Pero resulta imposible ignorar quiénes impulsan ahora esta iniciativa.
Pareciera que ya nadie recuerda cómo nacieron las campañas de difamación en las redes sociales o los call centers clandestinos. ¿Ya olvidaron cómo compraron voluntades y amplificaron ataques contra adversarios políticos? Todo surgió de una política sucia que convirtió la desinformación en un arma cotidiana. Ahora, quienes ayudaron a crear ese ecosistema nocivo y artificial se muestran preocupados porque la inteligencia artificial hace las mentiras más sofisticadas y creíbles.
Quieren controlar al monstruo porque ahora están sufriendo sus consecuencias; buscan leyes para ponerle una camisa de fuerza a su invento, un bozal para quienes difunden esas campañas sucias. Eso no significa que la propuesta legislativa deba rechazarse o sea un disparate. Significa que debe analizarse con rigor para evitar que una ley como esta termine usándose para intimidar críticos, limitar el debate público o convertirse en letra muerta.
