Nueve años después del caso Blue Apple, donde empresarios admitieron el pago de coimas a cambio de contratos públicos, las empresas involucradas no solo siguen operando, sino que continúan acumulando millones de dólares en obras estatales.
En paralelo, en el ámbito político, figuras vinculadas a la llamada descentralización paralela han consolidado su ascenso dentro del Partido Revolucionario Democrático sin rendir cuentas por el manejo de fondos públicos durante la administración de Laurentino Cortizo.
Mientras alcaldes y representantes enfrentan procesos judiciales por estos hechos, otros actores clave avanzan sin mayores obstáculos en la estructura partidaria o en el negocio con el Estado.
Ambos casos reflejan una misma falla estructural: la normalización de la impunidad, tanto en el plano económico como político. El problema radica en un sistema que tolera, legitima y reproduce el poder y los contratos pese a antecedentes de corrupción o malos manejos.
