El Gobierno ha dispuesto un fondo de $100 millones para cubrir las necesidades más apremiantes causadas por el terremoto del pasado viernes. Estos gastos no tendrán el control previo de la Contraloría, lo cual es comprensible bajo las actuales circunstancias, pero aún sigue fresco en la memoria colectiva el saqueo que sufrió el Estado años atrás, usando como excusa la emergencia nacional por la pandemia de la covid-19. Ya empezaron algunos políticos a sacarle provecho electorero a este evento telúrico, presentándose públicamente como redentores, especialmente en las áreas más afectadas y vulnerables. Dado nuestro pasado y presente cargados de corrupción, los ciudadanos esperamos un exhaustivo informe de rendición de cuentas sobre el uso del dinero y, de la Contraloría, el control posterior y las auditorías que se necesiten para corroborar que los fondos se usaron con cordura, prudencia y honestidad. Además de impedir el estancamiento económico por causa del sismo, el presidente debe velar para que el dinero del Estado no sea una piñata. El país ha demostrado que puede crecer con o sin los políticos y que, en no pocos casos, son ellos los que representan un lastre para el crecimiento nacional.