Dos propuestas de ley plantean modificaciones importantes al marco regulatorio del sector eléctrico, sometido durante años a críticas justificadas por los altos costos, las deficiencias del servicio, las frecuentes interrupciones del suministro y la poca efectividad para atender los reclamos de los usuarios por daños ocasionados o facturaciones abusivas. Es evidente que ese marco necesita una modernización y una revisión profunda. Aferrarse a un esquema concebido para otra época no responde a las necesidades actuales ni a los desafíos que enfrenta el país, frente a economías más modernas y exigentes. Panamá necesita un sistema eléctrico eficiente, confiable, competitivo y capaz de acompañar su desarrollo. Por ello, el debate en el Legislativo no puede postergarse. Las propuestas del Ejecutivo y de la bancada independiente deben discutirse con seriedad, enriquecerse y perfeccionarse, con el interés público como prioridad y no como rehén de intereses particulares. La urgencia es mayor porque las actuales concesiones vencen en dos años y posponer la discusión podría conllevar su renovación automática y cerrar la puerta a una reforma necesaria. La actualización ya no es una opción: es una necesidad.
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