La reacción del presidente de la República contra la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de restringir durante 10 años la información sobre concesiones portuarias es insuficiente y resulta poco creíble. Mucho menos cuando se aprecia que la resolución ahora repudiada fue firmada por funcionarios con los que guarda una estrecha cercanía. Cuesta creer que una decisión de semejante trascendencia, justo cuando Panamá está redefiniendo su mapa portuario y deberá decidir quién operará activos estratégicos durante las próximas décadas, haya sido adoptada sin su consentimiento. Si el presidente realmente desconocía la medida, entonces tiene un problema de control político y administrativo más grave de lo que admite. Y si la conocía, debe explicar por qué ahora intenta desmarcarse de ella. La AMP debe publicar el acta de aquella sesión en la que su junta directiva adoptó la decisión y los documentos que la sustentaron. No basta con reconsiderarla ante el rechazo ciudadano. Hay que explicar quién quiso cerrar esa puerta, por qué, a quién beneficiaba el secretismo y quién asumirá la responsabilidad de esa maniobra fallida. En asuntos que comprometen la agenda país, la transparencia no es negociable. Mucho menos puede convertirse en una salida política decir, cuando aumenta la presión, que nadie sabía nada.
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