La salida de Sherina Latorraca de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas no hace desaparecer la investigación sobre el posible conflicto de interés derivado de que su madre, Zaira Santamaría de Latorraca, presida el tribunal que revisa decisiones de esa institución. Mucho menos cuando esta semana surgieron otros casos que revelan una preocupante manera de entender el servicio público. La ministra de Trabajo reconoció, sin sonrojarse, que ella misma solicitó el préstamo interinstitucional de su cuñado, mientras un director regional del Instituto de Seguro Agropecuario trabaja en la misma unidad que su tía, también trasladada mediante esa figura. Tres casos distintos que dejan una pregunta de fondo: ¿sigue siendo el Estado visto por quienes llegan al poder como una fuente de empleos y oportunidades para familiares y allegados? Cambian los gobiernos, pero estas prácticas sobreviven. Una renuncia no borra lo ocurrido, ni un préstamo elimina el parentesco. La ética pública exige prevenir estos conflictos, no corregirlos cuando son expuestos.
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