El caso New Business ha resultado en un enorme y costoso chasco para el Estado: el principal acusado no solo evadió el cumplimiento de su sentencia por lavado de activos, sino que, además, una multa de casi 20 millones de dólares jamás fue pagada. Como si fuera poco, goza de libertad en el extranjero gracias al presidente de la República, quien le proporcionó un pasaporte a la impunidad sin siquiera preguntarle —al menos— por el pago de la multa. El resto de la sentencia, aunque en firme, tampoco se ha cumplido.
No hay prisa, y menos en este quinquenio, que ha dado inequívocas evidencias de que la famosa puerta giratoria, de la que se queja el gobernante de turno, no solo gira en favor de la delincuencia común, sino también de los criminales de cuello blanco. El presidente, personalmente, se encarga de que transiten por esa puerta.
Somos testigos de que, incluso cuando la justicia desempeña su rol en apego a la ley, quienes deben hacerla cumplir se cruzan de brazos, bajan la cabeza y esperan instrucciones. Con una institucionalidad tan decrépita, aspirar a ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es solo una quimera muy distante.