El acuerdo de pena alcanzado por Riccardo Francolini vuelve a exponer una de las paradojas más incómodas del caso Odebrecht en Panamá. A pesar de las reiteradas declaraciones de inocencia de varios imputados, hoy no existe duda de que la constructora brasileña no fue mesquina al repartir coimas. Los acuerdos de pena, las confesiones previas y el volumen probatorio confirman que operó un sistema estructurado de corrupción.
El caso de Francolini resulta revelador. Se trata de su segundo acuerdo de pena en procesos por corrupción y de una figura estrechamente vinculada al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y a su entorno político y financiero, incluidos sus hijos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes ya cumplieron condenas en Estados Unidos por recibir sobornos de Odebrecht. Pensar que alguien con ese nivel de cercanía y poder desconocía las prácticas que imperaban en ese entorno resulta, como mínimo, poco creíble.
Aunque el acuerdo está previsto en la ley, el desenlace es decepcionante. Francolini, confeso en dos ocasiones, evita una condena proporcional mediante un arreglo que combina la devolución de $1.9 millones y una pena de 30 meses. A ello se suma la suspensión del proceso contra Aaron Mizrachi, tras un amparo concedido con anterioridad, un hecho que acentúa la fragmentación del juicio. El problema no es jurídico, sino institucional: cuando la corrupción se negocia o se diluye sin consecuencias ejemplares, la justicia pierde capacidad disuasiva.
