Casi cuatro años después de que el expediente Odebrecht fuera remitido a juicio, Panamá sigue atrapada en una dilación judicial que ya resulta indescriptible. No se trata de un caso sin pruebas: hay confesiones, acuerdos de pena y admisiones formales de pagos de coimas sistemáticas. El hecho está probado. Lo que no ha ocurrido es la respuesta del sistema.
La sucesión interminable de recursos, incidentes y suspensiones ha expuesto una vulnerabilidad alarmante del aparato judicial. La parálisis solo se explica por el abuso del derecho de defensa, convertido en una estrategia para desgastar, retardar y vaciar de contenido el proceso penal. Defenderse no puede equivaler a bloquear indefinidamente la justicia.
La credibilidad del sistema, ya golpeada, no resiste más aplazamientos ni decisiones equívocas. Cada suspensión refuerza la percepción de que en Panamá los grandes casos no terminan nunca, aunque en otros países hayan producido condenas. La paradoja es que dos panameños fueron condenados por esas coimas en el extranjero y aquí aún no ha sido posible celebrar el juicio.
La justicia tardía no es justicia: es una forma de impunidad.