De cuando en cuando hay eventos que marcan la historia del país. Sin duda, el de ayer es uno de ellos: llegó a su fin el juicio por los sobornos que Odebrecht entregó a cambio de adjudicarse contratos con el Estado panameño.
Habría sido bueno que Ricardo Martinelli Berrocal se sentara en el tribunal, frente a su juez natural, a sus acusadores y al país que gobernó durante cinco años como si fuera una sucursal más de una cadena de supermercados. Pero no lo hizo.
No dio la cara ni siquiera para responder por los arreglos que gestionó para que el principal contratista del Estado proporcionara un “soporte familiar” a sus amigas íntimas y a los vástagos de algunas de ellas. Ya nada de su conducta debe sorprender si no fue capaz de defender a sus propios hijos.
Desde la distancia, escondido detrás de una pantalla, trató de convencer al país de que, como fue elegido presidente en 2009, tenía derecho a perjudicarnos a todos impunemente. ¿Tiene la población motivos para sentirse esperanzada?
Claro que sí: muchos, de uno y otro lado, apostaban a que ese juicio ni siquiera se iba a celebrar. ¿Acaso eso significa que alguien pagará por los delitos que cometió? No se sabe. Lo positivo es que la juez parece estar consciente de lo que ocurrió en su tribunal; ya se ha pronunciado sobre muchas de las peticiones que le plantearon en los alegatos de cierre, y conoce bastante bien el expediente. No hay crimen perfecto y este caso puede ser una buena muestra de ello.
