Mientras el país celebra el derecho al olvido oncológico, creado para impedir que quienes superaron un cáncer sigan cargando con esa enfermedad al solicitar créditos, seguros o servicios financieros, la Asamblea Nacional se dispone a discutir un muy distinto “derecho al olvido”: ocultar los efectos administrativos del récord policivo de determinados condenados.
La propuesta incluye blanqueo de capitales por menos de $100 mil, estafas de hasta $10 mil y delitos contra el orden económico de hasta $50 mil. El contraste es grotesco. Una enfermedad no es una conducta voluntaria ni constituye un antecedente relevante para proteger a terceros.
Una condena penal, en cambio, puede contener información que la sociedad legítimamente necesite conocer en determinadas circunstancias, particularmente cuando están en juego confianza, dinero o responsabilidades sensibles. Más preocupante resulta que la iniciativa provenga de un diputado procesado por un delito relacionado con drogas. Antes de borrar antecedentes, la Asamblea debería preguntarse si está protegiendo a la sociedad o a quienes tienen razones para querer que su pasado deje de ser visible.
