Hoy por hoy: Panamá, el socio bobo

El caso de la Autoridad Nacional de Aduanas, que paga $700,363.45 anuales a la Panama Canal Railway Company (PCRC) por terrenos que le pertenecen, ilustra el rol del Estado como socio bobo. A pesar de que el edificio de Aduanas fue cedido a PCRC en 1998, la empresa solo ha entregado $55 millones al Estado en 25 años, mientras que la concesión fue renovada por 25 años más sin ajustes a la realidad económica, que incluye la millonaria expansión del Canal. Esto, junto con la denuncia penal contra Maxim Donoso Teplova por posibles sobrecostos en la empresa estatal Tocumen, S.A., evidencia la falta de controles y decisiones que priorizan intereses privados sobre el bien común. ¿Nadie nos representó en la renovación de ese contrato con PCRC en 2023? ¿Quién veló por los intereses del país en Tocumen, S.A.? Es fundamental que los responsables rindan cuentas, ya que estos acuerdos, lejos de beneficiar al país, perpetúan la desigualdad. El Estado no puede seguir actuando como socio bobo, permitiendo que intereses particulares se antepongan a las necesidades de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser urgentes para evitar más abusos.