Panamá requiere cambiar su Constitución. La que está vigente es, en muchos aspectos, obsoleta y presenta grandes deficiencias, lo que ha permitido el abuso por parte de los gobernantes. Una de las grandes falencias que tenemos es que la institucionalidad del Estado ha sido terriblemente vulnerada. Ha sido tantas veces violentada que ya no queda mucho de esta. Estamos a las puertas de un cambio constitucional que podría mejorar notablemente la situación del Estado, pero no será tarea fácil. Requerirá de un enorme esfuerzo por parte de los ciudadanos. Y encontraremos duras y decisivas batallas en el frente con los diputados. Para empezar, se ha probado en otros países que los parlamentos pueden funcionar perfectamente con menos de 50 miembros y con un presupuesto mucho menor que los $200 millones que actualmente nos cuesta. Pero los diputados presentarán resistencia. La vieja guardia se ha enquistado, ha echado raíces y por ningún motivo dejará que le arrebaten sus inmerecidos y escandalosos privilegios. Estará en nosotros –los ciudadanos– que la institucionalidad nuevamente prospere y que la Asamblea comience a desempeñar el rol constitucional que le corresponde, pero reduciendo su tamaño y obligándola a concentrarse en hacer leyes y fiscalizar al Gobierno.
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