En Panamá, los partidos políticos no solo compiten por el poder: también tienen la capacidad de modificar desde la Asamblea las reglas bajo las cuales compiten sus adversarios. Esa ventaja resulta especialmente preocupante cuando las reformas electorales buscan dificultar la participación de quienes optan por la libre postulación.
Los partidos cuentan con estructuras permanentes, financiamiento público, organización territorial y facilidades para presentar candidatos. Los independientes deben recoger firmas, construir sus propias estructuras y enfrentar restricciones que periódicamente intentan endurecerse.
El resultado de ese desequilibrio empieza a ser evidente. Otro movimiento ciudadano, Vamos, ha decidido convertirse en partido para poder competir bajo reglas menos desventajosas. El sistema termina empujando hacia la partidización precisamente a quienes surgieron como alternativa a ella.
El Tribunal Electoral eliminó algunas de las barreras impulsadas por los partidos, pero la Asamblea puede restituirlas. Ese es el verdadero problema: no es la democracia la que cierra los espacios de participación, sino una partidocracia electoral aferrada al statu quo, que utiliza su poder para modificar las reglas, preservar sus privilegios y terminar secuestrando el sistema que debería garantizar una competencia en igualdad de condiciones.