Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre el uso de las partidas provenientes de la descentralización son mucho más importantes de lo que aparentan. La importancia surge no por las cantidades de dinero que se afirman fueron mal utilizadas, sino porque dejan al descubierto la necesidad de cambios impostergables en la legislación relacionada con esa actividad. Lo primero que se destaca es la inducción del cambio cultural respecto de la “rendición de cuentas”.
La cultura existente es lo contrario: la no obligación de hacerlo. Esto tiene que cambiar, y la forma más inmediata de generar ese cambio es una modificación legislativa.
A esto le sigue la obligatoria atribución de responsabilidad a los partidos políticos que postularon a los culpables. Estos últimos asumirán sus responsabilidades civil y penalmente, pero los partidos políticos no pueden ser excluidos de esas consecuencias; lo contrario sería permitir que estas entidades sean generadoras de delincuentes, lo que dista muchísimo del papel que la sociedad les exige. Mientras no se corrija esta realidad, los partidos políticos seguirán generando pobreza y miseria para todos.