Toda democracia necesita un periodismo capaz de investigar al poder sin temor a represalias. Cuando la respuesta a una investigación no es demostrar que los hechos son falsos, sino promover procesos penales contra quien los reveló, el problema deja de ser un periodista y pasa a ser el Estado de derecho.
El caso del periodista peruano Gustavo Gorriti trasciende a su persona. Las recomendaciones del Congreso de Perú para impulsar denuncias penales por su trabajo investigativo envían un mensaje preocupante sobre el uso de las instituciones para intimidar a quienes fiscalizan el poder.
En América Latina crecen las formas de acoso judicial contra periodistas y medios: investigaciones penales, demandas abusivas y presiones institucionales destinadas a desgastar, intimidar o silenciar. En Panamá conocemos bien esa modalidad.
Los periodistas pueden equivocarse y responder por ello dentro del marco legal. Pero investigar asuntos de interés público nunca debe convertirse en delito. Defender ese principio es proteger el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.