Lo que ocurre en la natación no es un caso aislado. El uso discrecional de instalaciones públicas por parte de federaciones deportivas, sin mecanismos claros de fiscalización, responde a un modelo viciado que lleva años normalizándose.
La reciente polémica por cobros a través de cuentas personales mediante una aplicación de transferencias electrónicas durante el Campeonato Nacional Interclubes de Natación revela una práctica inaceptable: convertir lo público en negocio privado, con el agravante de la opacidad.
Que el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, reconozca públicamente su molestia y prometa preguntar “el porqué” no basta. El país necesita respuestas firmes, auditorías independientes y consecuencias. No se puede seguir permitiendo que federaciones operen sin rendir cuentas, como si administraran feudos heredados, y no recursos del Estado.
Mientras se anuncian inversiones millonarias para modernizar piscinas, urge garantizar transparencia y control. Lo contrario perpetúa una cultura de privilegios que ha hecho del deporte una burbuja cerrada al escrutinio, pero abierta al clientelismo.
